Según el Instituto Nacional de Investigación y Promoción de Políticas, durante mucho tiempo, las políticas de drogas en el Perú se han caracterizado por tener un enfoque represivo: la erradicación forzosa de cultivos de coca, criminalización creciente de los productores de hoja de coca, arbitrariedad en la persecución de los consumidores por posesión de pequeñas cantidades y, especialmente, la fuerte penalización del micro tráfico. Estos enfoques no han sido claros y tampoco han logrado obtener los resultados esperados por el país. Consideramos que la reforma judicial en nuestro país es la solución más viable a partir del contexto político actual para la disminución del narcotráfico. Ya que es una problema social, político y económico que afecta a todas las instituciones que se encargan de organizar y establecer políticas reguladoras.Es por ello que nosotros planteamos esta solución con respecto a la problemática del narcotráfico basándonos en las deficiencias del Estado como la descriminalización, la proporcionalidad en las penas y la mínima fiscalización en el manejo de la información que no son considerados como parte de la agenta política del país. En primer lugar, el Perú, necesita despenalizar las leyes contra las drogas para poder combatir económicamente a los cárteles de drogas. Las leyes contra las drogas siguen siendo las mismas desde el año 2003.Estas se enfocan en combatir al narcotráfico utilizando recursos materiales y la vida de muchos militares en las zonas de producción cocalera trayendo consigo lamentables consecuencias como la criminalización de pobladores locales y el crecimiento de la población carcelaria. A partir de esa fecha se a endurecimiento de las leyes: se alargó el tiempo de detención policial, se rechazó el habeas corpus en los delitos de tráfico de drogas, sin importar si existe alguna relación con organizaciones criminales, y se prohibió el acceso a beneficios penitenciarios en casos de delitos de drogas. En segundo lugar, el sistema judicial en el Perú, cambiaría las deficiencias de la cultura institucional, de integridad, eficacia, idoneidad y meritocracia; la ausencia de mecanismos apropiados de planificación y rendición de cuentas y la insuficiencia presupuestaria. Estos puntos previos  han traído como resultado la desfloración sistemática de los derechos humanos. De la misma manera, no existen políticas públicas orientadas a lograr que el sistema penitenciario cumpla con el fin de recaudar, rehabilitar y reincorporar del penal a la sociedad. Asimismo, hoy en día no existen cortes de tratamiento de drogas, con el fin de supervisar el tratamiento y la rehabilitación de los consumidores. Por último, existe una mínima fiscalización en el manejo de la información precedente del organismo DEVIDA, institución creada con el objetivo de combatir el narcotráfico, en lo que describe a la aplicación de sus políticas y la ejecución de sus presupuestos.  Es por esto, que se requiere de un mayor conocimiento de los proyectos, del manejo de recursos, estudios, convenios, pero sobre todo la relación que tienen con los actores sociales que se encuentran dentro del problema, exclusivamente en los lugares donde se produce la hoja de coca. Según DEVIDA (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas), las tres cuartas partes del presupuesto antidrogas del Perú están dedicados a la persecución de los principales actores en la producción, y solo el 8.53% a la prevención y tratamiento.En conclusión, se debe aplicar la reforma judicial, ya que permitirá actuar eficientemente a las personas encargadas de administrar justicia en nuestro país, con la finalidad de poder combatir el narcotráfico y sus consecuencias como el crimen organizado y la corrupción. Además, nuestro poder legislativo debe implementar políticas reguladoras contra la producción, comercialización y distribución de hoja de coca, principal insumo para la producción de cocaína y derivados.